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| 03/12/2009 |
Todos somos contraventores. |
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Por José Luis Ares.
Bahía Blanca.
“La justicia es implacable
con los que no tienen guita
y sólo queda resistir.
La vida en la periferia, cruel,
siempre abre una herida,
tú fuiste su cicatriz”.
Ismael Serrano, “Elegía”.
Mussolini y Stalin sonríen en sus tumbas. Están alborozados, pues
después de tanto tiempo un gobernador de una provincia argentina
(Buenos Aires) impulsa un proyecto de código contravencional que recoge
muchas de sus ideas de sesgo totalitario y peligrosista.
Decía Tomás Jofré, a principios del siglo pasado, que en ningún país
culto se ha legislado sobre faltas como lo hemos hecho nosotros, y
agregaba que la policía -por lo arbitrario de sus poderes- constituye
una seria amenaza de las garantías individuales; sin dudas, si el
ilustre codificador volviera a la vida se sorprendería de la involución
operada en la materia después de un siglo.
Es que se trata de un proyecto que colisiona en muchas de sus
disposiciones con el bloque constitucional y puede generar
responsabilidad internacional al contradecir convenciones y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se violan principios tales
como los de legalidad, máxima taxatividad legal, culpabilidad,
lesividad, imparcialidad, defensa en juicio, presunción de inocencia;
se prevén penas sin conducta.
Causa vergüenza ajena que este esperpento autoritario sea gestado por
un gobierno elegido por el pueblo y proveniente de un movimiento del
campo popular, al punto que en comparación, el actual vetusto código de
faltas dictado por un gobierno de facto no resulta tan malo como
creíamos. Dada su pésima técnica y sus groseros errores no parece
redactado por juristas sino por oscuros burócratas, en dirección a la
administrativización del derecho penal contravencional. En efecto, hay
figuras que ya son delitos, otras están contempladas en leyes
especiales, y se introducen algunas rayanas con el absurdo kafkiano.
Se otorgan inusitadas facultades policiales para detener a cualquier
persona, con desmesurada amplitud en virtud de circunstancias sujetas a
la discrecional apreciación del funcionario y se castigan conductas de
nula o nimia entidad ofensiva con penas exorbitantes.
Es falso lo afirmado por el señor ministro de seguridad en cuanto a que
es necesario este instrumento para que “la policía recupere la calle”.
Si la fuerza policial no controla la vía pública en algunos sectores
no es por falta de leyes, que existen y le otorgan suficientes
facultades para prevenir y reprimir el delito cuando razones de
necesidad y urgencia no permitan contar con autorizaciones judiciales,
sino que las falencias se deben -según creemos- a tres factores: a)
falta de capacitación y entrenamiento adecuado; b) carencia de recursos
humanos, materiales y tecnológicos, y c) corrupción.
El poder político parece haber perdido la brújula y en lugar de atacar
a las mafias que manejan decenas de mercados ilegales que generan
violencia, la circulación de armas en el mercado negro, el tráfico de
drogas, la corrupción policial y otras cuestiones centrales, apunta los
cañones del aparato estatal en una “intolerancia selectiva”,
invirtiendo dinero que no tiene, en perseguir cuida-coches, mendigos,
linyeras que duermen en plazas, pegatinas de carteles, “escrachadores”,
bebedores de alcohol, muchachones que juegan a la pelota, etc.
Llama la atención que se hayan olvidado de reprimir a esos sujetos tan
peligrosos, verdaderos exponentes de la criminalidad organizada, como
son los “limpia-vidrios”. Asimismo se propone reprimir la protesta
social, pues considera infracción perturbar un acto político o reunirse
tumultuosa y ruidosamente. Y se llega a la desmesura nunca vista, en
algunas figuras, de castigar a alguien sólo por estar en el lugar
aunque no haga nada, por lo que si uno pasa cerca de una pelea o suceso
similar convendría apurar el paso y no mostrarse curioso, pues puede
marchar preso.
Resulta paradigmática la novedosa (¿novedosa?) figura del merodeador
que reprime al “que merodeare o permaneciere sin causa justificada en
las inmediaciones de un inmueble, de un vehículo o de un
establecimiento de cualquier naturaleza en forma susceptible de causar
alarma o inquietud a sus propietarios, ocupantes, encargados, vecinos o
transeúntes, todo ello mediando requerimiento o denuncia de parte”.
Bien decía Bertolt Brecht que nada se parece más a un fascista que un
burgués asustado, y entonces es probable que una normativa como la
propuesta pueda merecer el apoyo de los sectores sociales más
favorecidos, conocedores -por experiencia- de la selectividad policial
que sólo atrapa a los sectores marginales más vulnerables.
Sin embargo, esta normativa según el talante y el humor del funcionario
policial o de las directivas que reciba del poder político, permitirá
interceptar (y detener hasta por doce horas) a cualquier persona,
incluso a jovencitos a partir de los 14 años. En efecto estimado lector
que posee instrucción, trabajo y un salario digno, para evitar ser
detenido deberá cuidarse de jugar un picado de futbol en el parque
porque está prohibido si con ello molesta a otras personas, y ni piense
luego en cruzar al mercadito y tomarse una cerveza en la vereda para
matizar el comentario del partido; tampoco se le ocurra concurrir con
sus vecinos a reclamar tumultuosamente a la municipalidad por la falta
de agua o por la frecuencia de los colectivos, o ponerse a “cacerolear”
al grito de “seguridad” y “justicia” o “viva el campo”; preste atención
porque si su perro muerde a un transeúnte ya no le bastará pagar una
multa sino que deberá cumplir arresto; si un amigo finalmente obtuvo su
título universitario o decidió dejar la soltería no se le ocurra
tirarle huevos o despojarlo de sus ropas.
Como las arcas provinciales están vacías, por ahora la competencia se
asigna a la justicia de paz y correccional. Sin embargo se crea una
costosa burocracia y establecimientos de detención que deberán ser
solventados por los municipios.
Es que la instrucción y juzgamiento de las faltas se asignan a un
denominado “juez contravencional” que no es un verdadero juez sino un
funcionario administrativo designado por el Gobernador con
participación (?) de los municipios. Este seudo juez no es inamovible
sino que dura cinco años en sus funciones por lo que se afecta su
independencia y en consecuencia su imparcialidad.
Nos preguntamos: ¿por qué no asignar la competencia a quienes ya se
ocupan de estas cuestiones (jueces de paz y correccionales)?, ¿acaso se
busca que los seudo jueces sigan mansamente los lineamientos del poder
político provincial y municipal?, ¿se tuvo en cuenta que estos
funcionarios administrativos no pueden declarar inconstitucionalidades
precisamente porque no son jueces del poder judicial?.
Corresponde destacar que estos funcionarios tendrán facultades para
disponer allanamientos, secuestros, detenciones, clausuras, decomisos y
aplicar sanciones pecuniarias y penas privativas de libertad que pueden
extenderse por varios meses (más que muchos delitos y sin que se admita
la pena en suspenso). Asimismo, el recurso de apelación ante la Cámara
Penal no suspende la ejecución de la condena.
En definitiva, el proyecto comentado se trata de un esperpento absurdo
y costoso en términos económicos y de libertades individuales. Posee un
sesgo irracional y autoritario incompatible con un Estado
Constitucional de Derecho, y está influenciado por la corriente del
neoconservadurismo norteamericano de la seudo doctrina “marketinera” de
la “ventana rota”. Permitirá un aumento del abuso policial y dará
oportunidad para una nueva caja de recaudación ilegal.
Además no servirá en absoluto para combatir la inseguridad ciudadana,
como no sirvió aumentar las penas de los delitos, restringir las
excarcelaciones, generando una superpoblación carcelaria que ronda el
64 %, ni hacer juicios de flagrancia más rápidos para condenar por
delitos menores. Es que para hacer retroceder el delito grave, además
de las tareas de inteligencia para atacar los mercados de la
criminalidad organizada y otras acciones de ese tenor, es necesario
hacer avanzar decididamente los derechos sociales, económicos y
culturales.
Creemos que los legisladores provinciales tienen ante sí una enorme
responsabilidad, debiendo optar entre desechar el malhadado proyecto
evitando dañar al Estado de Derecho, o por el contrario, consagrar un
sistema que lo hiera de gravedad y siente las bases de un estado
policial, absurdo, anacrónico y arbitrario, sin obtener los objetivos
anunciados por el poder ejecutivo, que -desorientado- alienta el
fetichismo normativo y sólo irradia fuegos de artificio en dirección de
la demagogia punitiva actualmente en boga.+ (PE)
(*) José Luis Ares, Juez Correccional de Bahía Blanca.
PreNot 8594.
091203.
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