La necesidad de una urgente Asamblea Constituyente en Argentina

abril 1, 2017
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“…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros…” del Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina.

Cuando se pretende no cambiar todo, estamos frente a mantener los mismos esquemas que han sido implementados y diseñados –desde adentro y afuera- para que la Argentina llegue al estado actual de decadencia generalizada, y ahí radica lo deleznable de cualquier opción política que convierte en despreciable cualquier intento democrático por mantener el status quo.
Una rápida mirada al espectro político proselitista con vistas a las próximas elecciones presidenciales que se producirán dentro ocho meses, nos llevan a contemplar que las propuestas son gatopardistas desde el momento que no contemplan las medidas necesarias realizar un verdadero y real cambio en las políticas nacionales. Obviamente que no esperamos que desde los partidos y dirigentes que han sido artífices de éste dislate genocida aparezcan propuestas superadoras.
Hay temas que necesariamente deben ser considerados a la hora de pensar en una nueva Nación, para que se vuelva a tener el dominio total de la economía, definir sus pautas de crecimiento y progreso, acabar con el desempleo para siempre, asegurar las condiciones de educación, salud, seguridad y justicia que una República necesita para ser considerada como tal. Acá detallo sólo algunos de ellos:
Nacionalización del comercio exterior: poner los resortes de la riqueza en manos nacionales y como herramientas de una política nacional de crecimiento. Se deberá poner al servicio diplomático exterior en condiciones de atender y fomentar la política de exportaciones e importaciones en forma eficiente y controlada evitando políticas de sobre o subfacturación, junto con el control sobre relaciones internacionales bancarias y financieras.
Nacionalización de la banca: garantizar la nacionalización de los depósitos por el Estado sobre toda la banca pública nacional y la provincial por convenios que aseguren su control. La actividad financiera y bancaria -privada y extranjera- no gozará de garantía estatal de ningún tipo debiendo convertirse en una actividad de riesgo empresarial como cualquier otra.
Nuevo régimen impositivo: terminar con la actual estructuración fiscal, para dar lugar a una que quite los impuestos al consumo y reemplazarlos por verdaderas imposiciones a la renta, al capital y el patrimonio.
Distribución del ingreso nacional: volver a la distribución que regía a mediados de la década del setenta, donde la participación de los sectores asalariados y empresario nacional -pequeño y mediano- en el mismo era determinante para las políticas económicas, el empleo y el desarrollo.
Integración regional económica, financiera y política: establecer una verdadera integración de toda Latinoamérica para desarrollar mercados y políticas que compitan con otros grandes polos de poder mundial y así establecer pautas de crecimiento y progreso regional.
Deuda externa y compromisos financieros externos: investigación seria sobre el origen del endeudamiento externo, los pagos realizados, los convenios firmados con organismos de crédito, las condiciones de plazos, comisiones y tasas a partir de 1976; por una comisión integrada por legisladores (que no hayan ocupado cargos públicos o electivos por su nivel de compromiso y responsabilidad anterior), la universidad, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Luego de lo cual se reconocerá únicamente el valor de cotización internacional y un plazo de pago a veinticinco años. Todo nuevo endeudamiento externo deberá necesariamente contar con la aprobación del Congreso Nacional.
Recuperación de empresas privatizadas: la pérdida por parte del Estado del manejo, control y renta de las empresas maliciosamente privatizadas debe ser dejada sin efecto para que las riquezas y estrategias del suelo, energía, ferrocarriles, aerolíneas, rutas, comunicaciones, industrias de base, etc. vuelvan a estar disponibles para el desarrollo nacional, también volver a tener una empresa nacional marítima comercial y necesariamente pesquera.
Sistema de nacional de jubilaciones y pensiones: debe volverse a la obligatoriedad del sistema de reparto con una legislación que garantice su independencia económica bajo control los aportantes y beneficiarios. Dejando el sistema privado como complemento de riesgo personal y empresario por sobre el sistema nacional.
Autogestión solidaria de empresas en quiebra: establecer la obligatoriedad de salvar a las empresas que entren en situación de quiebra o concurso insalvable que garantice las fuentes de trabajo, mediante un sistema solidario de participación de los trabajadores bajo supervisión estatal permanente y asistencia de organismos nacionales técnicos y de financiación estatal, como así también facilitar su inserción en mercados internacionales.
Seguro de desempleo y formación laboral: hasta superar la actual crisis de desempleo se deberá elaborar un sistema de asistencia a los millones de desocupados que brinde no solo la subsistencia del grupo familiar sino que permita su inserción en el mercado laboral y profesional tanto público como privado. Una política de obras públicas deberá ofrecer las posibilidades de trabajo a los desempleados o subocupados.
Sueldo Mínimo garantizado: todo trabajador de la actividad pública o privada debe gozar de un ingreso igual al que establezca el organismo nacional de estadísticas para la canasta familiar y conforme a las cargas de familia que posea.
Control y participación del trabajador en las empresas privadas y públicas: los trabajadores tendrán derechos en el control de la marcha de las empresas y una efectiva participación anual en sus resultados.
Educación y salud pública: el estado nacional debe tomar a su cargo garantizar en todo el país la educación a todos sus niveles como la asistencia médica y hospitalaria que llegue a todos con idéntica calidad y exigencias.
Tierras para la producción: el Estado garantizará la efectiva explotación donde existan unidades improductivas, se establecerán cooperativas de trabajo bajo control de los trabajadores y Estado junto a una fuerte presión impositiva sobre sus propietarios.
Plan nacional de alimentación y educación básica: establecer la obligatoriedad legal a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales de brindar a todos los niños y adolescente el acceso asegurado a la correcta alimentación y educación hasta la mayoría de edad. Su incumplimiento deberá ser sancionado penalmente.
Vivienda para todos: establecer un plan nacional de viviendas para que desde el Estado se resuelva el problema habitacional de todos los que no poseen una vivienda propia y que será pagada a veinticinco años de plazo.
Desprocesamiento de todos los luchadores sociales: será imprescindible para alcanzar la paz social terminar con todos los procesos sobre personas que se han opuesto al sistema de poder imperante.
Reestructuraciones de las fuerzas policiales y militares: se deberá establecer un régimen de seguridad nacional que de por terminado a las policías provinciales, así como también asignar a las fuerzas militares la única función de atender la seguridad nacional externa.
Caducidad de todos los mandatos sindicales: proceder a la remoción y elección de totalidad de los cargos gremiales y sindicales por cada centro de trabajo, previa libre elección de afiliación y sin la necesidad de un sindicato único por rama de actividad. Establecer un plazo mínimo para la convocatoria a la renovación total de los convenios colectivos de trabajo.
Relaciones internacionales comerciales y políticas: en todos los casos deberá contar con la autorización del Congreso Nacional.
Revocación de los mandatos y plebiscitos: implementar las normativas legales necesarias que posibiliten la revocación de los mandatos, ante el incumplimiento de las plataformas electorales -una vez elegidas- tendrán fuerza de ley y su incumplimiento se condenará penalmente, así como posibilitar la participación popular en plebiscitos vinculantes.
Presupuestos Participativos: se establecerá la obligatoriedad municipal y provincial de establecer un mecanismo que defina, elabore y controle las políticas presupuestarias sobre gastos, inversión, financiación y recursos con amplia participación ciudadana.
Sistema Judicial: proceder a poner en comisión a la totalidad de la Justicia Federal y los tribunales superiores -cortes supremas provinciales y nacional- para la nueva elección de sus miembros por los consejos de magistraturas.
Seguramente serán muchos más los temas que se deberán considerar y de allí lo imprescindible de que insistamos en el llamado a una Asamblea Constituyente, que de inmediato y con la más flexible posibilidad de participación ciudadana en la elección de los constituyentes, tome a su cargo la definición del país que deseamos para nuestros millones de postergados y para nuestras próximas generaciones.
Pasaremos así del poder de unos pocos al poder popular y nacional, será entonces una revolución en serio, profunda y con los consensos necesarios para lograr una Nación justa, libre, solidaria y soberana.

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